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 «Los domingos en Euskadi que trabaje el lehendakari», protestan sindicatos y trabajadores de negocios minoristas

Miles de personas -más de 4.000 según la organización- han secundado esta mañana en Bilbao el llamamiento de las principales centrales sindicales -ELA, LAB, CC OO y UGT-, además de varias agrupaciones comerciales - EuskalDendak- y de consumidores - EKA-EKE- y han expresado su absoluto rechazo a la apertura de las tiendas en domingos y festivos. Los manifestantes han mostrado su total oposición «al nuevo intento liberalizador» de horarios comerciales y reclamado un mayor apoyo para los negocios minoristas a fin de garantizar su pervivencia.

Bajo el lema 'Hemen 0', los asistentes a la convocatoria, que partió pasadas las 12.15 horas de la Plaza Moyua y concluyó 45 minutos después junto al Teatro Arriaga, insistieron en el «sinsentido» de mantener la actividad comercial en jornadas festivas y aseguraron que esta medida «sólo beneficia» a las grandes superficies. «Pero no van a poder con los trabajadores de los pequeños comercios», advirtieron.

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La Confederación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Euskadi “EUSKALDENDAK” ha comparecido esta mañana en Bilbao con ocasión de su Asamblea Ordinaria, resumiendo los principales hitos de su trabajo en el último curso.

Según su presidente, Bitor Lizarribar, este 2015 ha sido el de la “indeseable previsión de las Zonas de Gran Afluencia Turística causadas por el Ayuntamiento de Bilbao para liberalizar horarios a favor de las grandes superficies”. En este tema EUSKALDENDAK ha liderado una plataforma junto a trabajadores y consumidores contra esa liberación encubierta, con más de dos docenas de visitas al parlamento y grupos; ejecutivas de partidos; firmas ciudadanas y sobre todo 15 municipios vascos comprometidos con la no liberalización de horarios. Plataforma que Lizarribar ha contrapuesto al “silencio cómplice de bilbaoDendak”, que permite que en nombre del comercio “técnicos pagados por la Administración den legitimidad a una liberalización que sólo quieren los intereses inmobiliarios y las grandes empresas de distribución”.

EUSKALDENDAK une este tema a la última modificación puntual del PGOU de Bilbao, Modificación que Euskaldendak ha llevado en solitario, como siempre, a los tribunales por ilegal, y que recuerda a “David contra el Goliat de los intereses especulativos que ponen una alfombra roja a las Grandes Empresas del comercio, precarizando y cargándose el sector en espacios como el Casco Viejo”. En este sentido, Lizarribar recuerda que sus 4.300 comercios son el motor del cumplimiento de la normativa urbanística frente a entes pagados con el dinero de todos que se dedican a las “paginillas web o la transmisión empresarial de 1 comercio con 400.000 € públicos. Así mientras los chicos de la CEOE y Bilbaodendak miran para otro lado, nosotros pagamos para que no se llenen de centros comerciales el BBVA, Termibus, …”.

Lizarribar alerta de “nuevas amenazas” como un “Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales tan interpretable que no sirve para nada”. Por lo que recuerdan a “EAJ y EH-Bildu” su compromiso de revisar tal Plan,  en relación a la reciente noticia de una sentencia contraria a este punto en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Desde EUSKALDENDAK han valorado aspectos socio-laborales, como el informe del Ararteko facilitando “nuestra inclusión en los criterios de percepción de la RGI sobre el que Lanbide no se ha dado por enterado aun”. En su resumen han lamentado también que la “negociación laboral sigue trabada en Euskadi por una patronal (CONFEBASK-CEOE) que hace y deshace, adjudicándose una representatividad en el sector comercial que carece y unos sindicatos que parece que desconocen la realidad del sector”.

 

Buzoneo en Bilbao

Desde EUSKALDENDAK han presentado en esta comparecencia un boletín informativo que será objeto de divulgación en Bilbao sobre las zonas turísticas, con el fin de que el sector sepa a qué se han dedicado sus “supuestos representantes”.

 

 

A finales de año han sido varias las Comunidades Autónomas que decidieron interponer un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias a raíz de la entrada en vigor de la reciente Ley 18/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Esta norma tiene por objeto la modificación a su vez de una pluralidad de leyes, modificación legislativa plural que se justifica bajo el ampuloso título que ha sido antes referido. Una de estas leyes que han sido modificadas ha sido la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista (LOCM).

Esta modificación legislativa de la LOCM tiene varios apartados. Uno de ellos, quizás el más conocido, es el de imponer a las Comunidades Autónomas la libertad de horarios comerciales en los zonas turísticas de las grandes ciudades. No obstante, este post tiene por objeto otro aspecto, que ha pasado más desapercibido, pero que en mi opinión tiene una trascendencia máxima; la modificación del artículo 6 de la LOCM que tiene por objeto la regulación de la implantación o ampliación de grandes establecimientos comerciales (GEC), entendiendo por estos los que tienen más de 2.500 m2 de superficie de venta al público.

Los antecedentes de la norma

Históricamente la implantación comercial en nuestas ciudades se venía rigiendo por la libertad plena de establecimiento. No obstante, la aparición de formatos de comercio minorista de gran superficie – sobre todo implantados en las periferias de las ciudades – hizo necesario regular su implantación por sus importantes implicaciones en el ámbito comercial y por sus afecciones en el orden urbano-territorial. Ello se sustanció por una doble vía, fundamentalmente; 1) La aprobación por parte de las Comunidades Autónomas de planes sectoriales de ordenación comercial o bien de planes ordenación territorial con el objeto de imponer unos requisitos previos para la implantación, ampliación o reforma de estos GEC y 2) La regulación autonómica de una llamada “licencia comercial” y que, fundamentalmente, tenía por objeto la obligación de acreditar por parte del promotor la necesidad de incrementar la oferta comercial ya implantada para dar satisfacción a la demanda. Todo ello puso de manifiesto la importante vinculación entre el comercio y la ordenación de la ciudad y del territorio; disciplina a la que se le dio en llamar “Urbanismo Comercial” (aunque ciertamente este nombre se ha utilizado también para teorizar sobre la importancia del entorno urbanizado -peatonalizaciones, mobiliario urbano, señalética, etc – en la vitalidad comercial)

No obstante, la entrada en vigor de la Directiva de Servicios a finales del año 2009, terminó por prohibir las pruebas y los requisitos de orden económico por razones de garantía de la libertad de establecimiento. Esta Directiva de Servicios fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante la aprobación de diferentes leyes. En materia de comercio se aprobó en el año 2010 una importante modificación del anterior artículo 6 de la LOCM que mantenía para los GEC la posibilidad de condicionar su establecimiento pero ahora sólo por “razones imperiosas de interés general”; entre ellas, el Urbanismo y la Ordenación del Territorio. Por esta razón, aquellas CCAA que no aceptaron de buen grado la amplísima libertad de establecimiento de los GEC por su negativo impacto en la estructura comercial urbana de pequeño comercio desarrollaron normas y planes que acentuaban el impacto territorial de los GEC para preservar, en la medida de lo posible, el statu quo anterior. Tal circunstancia ha sido objeto de atención por parte de varios autores especializados (un ejemplo de ello, el reciente trabajo sobre la pervivencia de las licencias comerciales en la legislación comercial autonómica de Helena Villarejo Calende que se puede consultar en Internet; Persistencia de las licencias comerciales).

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Hace ya unos días fui invitado por BIZKAIDENDAK a una mesa redonda convocada por la Plataforma de Comerciantes, de Hosteleros y Vecinos del Casco Viejo Bilbo Alde Zaharra Bizirik donde el objeto del debate era el modelo de Casco Viejo que proponían los partidos políticos de cara a futuro. De ellos tomo prestadas algunas de las fotos que sirven para ilustrar esta entrada.

Esta Plataforma nace del descontento generalizado de hosteleros, comerciantes y vecinos del Casco Viejo de Bilbao por la desconexión entre las necesidades reales del barrio y las respuestas municipales que se vienen obteniendo. Personalmente, me llamó la atención porque tenía entendido que el Ayuntamiento había desplegado recientemente un Plan de Mejora del Casco Viejo de Bilbao y que había contado con la participación de agentes y ciudadanía ¿De dónde procedía entonces esa sensación de abandono?

El origen del descontento

El motivo de preocupación (y en cierta medida de alarma) que se trasladaba tiene su base en la reciente proliferación de nuevas actividades de hostelería de bajo valor añadido, que  estaban forzando la desaparición del carácter tradicionalmente comercial del Casco Viejo convirtiéndolo en una zona urbana de ocio y de turismo despersonalizado. Así, las flexibilizaciones en los años 2010 y 2013 en la normativa urbanística para la implantación de nuevos establecimientos de hostelería (Ordenanza de Hostelería) está generando una presión inmobiliaria que terminaría por expulsar el comercio tradicional y sustituyéndolo por establecimientos de hostelería (bares) de nuevo cuño. Este fenómeno de expulsión y desplazamiento del comercio tradicional por actividades hosteleras viene también a coincidir con las fechas de finalización de las rentas antiguas de los alquileres protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (Diciembre 2014) agravando así sus consecuencias.

El Ayuntamiento tampoco es ajeno a esta realidad porque en el Plan de Mejora del Casco Viejo antes citado hace un balance del año 2014 en el que se viene a reconocer de forma expresa “ha sido el sector hostelero el que mayor incremento ha experimentado y, dentro de este, la actividad de bar que ya supone el 20,3% del total de negocios del ámbito”

 

 Desde una visión más amplia debemos destacar que mientras en el año 2007 la relación entre establecimientos comerciales y de hostelería en el Casco Viejo era de 3,79 en el año 2014 dicha relación se ha reducido hasta 2,73 (datos extraídos del Observatorio de Barrios del Ayuntamiento). Siguiendo estos mismos datos, se constata la importante pérdida de vitalidad comercial del Casco Viejo que ha visto desaparecer más de uno de cada cuatro establecimentos comerciales en este mismo intervalo temporal (en el conjunto de Bilbao, uno de cada cinco).

Así, la dinámica regresiva de la actividad comercial y la dinámica expansiva de la actividad de ocio y hostelería, todo ello favorecido por una liberalización normativa en materia de rentas de locales comerciales y flexibilización de las condiciones para la implantación de establecimientos en forma de bares, están generando un importante desasosiego en los agentes implicados (comerciantes, hosteleros y vecinos) que reclaman una drástica reorientación de política de ordenación comercial además de la suspensión temporal del otorgamiento de nuevas de licencias de bar.

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Recuerdan que sigue vigente un decreto previo de Zonas  Turísticas igual de invasivo
Los más de 4.300 comercios agrupados en EUSKALDENDAK celebran el anuncio de la consejera Tapia  de recurrir la nueva  ley que  liberaliza los  horarios comerciales. Esta norma, publicada el viernes en  el BOE, pretende liberalizar por  completo los horarios comerciales en  municipios considerados de gran afluencia  turística como Donostia y Bilbao.
Coincidiendo con  las reflexiones  del Gobierno  vasco, entienden  que esta  nueva  ley “vacía” la capacidad de actuación de Euskadi en comercio y turismo. Tanto esta norma como el Real Decreto-Ley 20/2012 sobre horarios, rebajas  y festivos son una “invasión competencial que perjudica la diversidad y permanencia del entramado comercial”.
Por tanto, esta noticia supone un refuerzo a la campaña iniciada por EUSKALDENDAK junto a sindicatos y consumidores para lograr que Gobierno y Parlamento recurran en el Tribunal Constitucional estas normas estatales. Sin embargo,  los representantes  del comercio  vasco recuerdan que este recurso  no supone sino un  parche  frente  al  principal  problema derivado  del Real Decreto-Ley 20/2012 que sigue  sin recurrirse  en lo  que a las Zonas de Gran Afluencia Turística se refiere.  Así,   la Junta  de   EUSKALDENDAK  reunida  de  urgencia  para  analizar  este anuncio,  entiende  que  el  Gobierno  vasco    tiene  aún   una oportunidad  para  ser coherente en todos sus actos y anuncios y  evitar  la  aplicación  de una  figura que no interesa a la mayoría de los actores vascos. De no recurrirse este Real Decreto-Ley, supondrá su  asunción  por  el  propio Gobierno Vasco. Omisión que sólo puede entenderse  si nuestro  Gobierno pretende que le hagan los deberes desde  Madrid en favor  de los intereses de  empresas  que  precisamente no
revierten en Euskadi. Por  coherencia con lo anunciado,  este  segundo  recurso debiera añadirse a la aceptación de  la propuesta  emitida  por el CES  Vasco instando la retirada del “Anteproyecto de Ley de cuarta  modificación de  la Ley de actividad comercial” que no era sino la transposición a Euskadi del mencionado Real-Decreto.

  Falta de transparencia

Resulta  obvio  que  las  únicas  motivaciones  para  este  recurso  es  la  presión  social - promovida por  EUSKALDENDAK, sindicatos  y consumidores-,  ya que las motivaciones que  ahora  esgrime    la  consejera Tapia   existían  antes    cuando  su    viceconsejera anunciaba en mayo “una mayor libertad horaria” en Bilbao.
La decisión, aunque oportuna, es un ejemplo de la opacidad con la que Gobierno vasco y Ayuntamiento de Bilbao llevan este asunto, negando la  información que por derecho debieran  conocer las  partes interesadas. Por tal razón, EUSKALDENDAK ha puesto esta circunstancia en conocimiento del Ararteko.

 

La Confederación de Asociaciones de Comerciantes EuskalDendak ha presentado hoy un recurso al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que busca facilitar la implantación de grandes comercios en Bilbao.

Esta modificación supone la excepción para los grandes comercios del área central de la ciudad de la implantación de la normativa exigida al resto de los establecimientos del municipio.

De esta manera, las grandes superficies interesadas en ubicarse en la Gran Vía bilbaína que carezcan de aparcamiento y los centros comerciales con una superficie inferior a 2.500 metros cuadrados de sala de ventas o a 5.000 metros cuadrados totales construidos no deberán someterse al análisis previo que hasta ahora se requería.

Esta operación urbanística "deja desamparados a los pequeños comerciantes del centro de Bilbao, además de relegar a otros lugares comerciales como el Casco Viejo a zonas de segunda".

A su vez, Reyes ha recordado la liberalización horaria que se pretende aplicar en las zonas de gran afluencia turística, calificándola como un "obsequio desproporcionado" que traerá un "incremento del valor de los edificios de oficinas como los de las bancas BBVA y BBK que se encuentran en pleno centro de Bilbao".

Euskaldendak opina que la modificación es una operación para beneficiar a los propietarios de los edificios de oficinas situados en la Gran Via, a costa del interés general y sobre todo a costa del equilibrio comercial actual en Bilbao. Este equilibrio se rompería por la excesiva acumulación de centros comerciales en los edificios de oficinas de la Gran Vía.

El coordinador de EuskalDendak, Santiago Reyes, ha denunciado Por otra parte, el colectivo ha presentado un segundo recurso ante la posibilidad que el Ayuntamiento de Bilbao ha ofrecido a los establecimientos comerciales interesados en instalarse en estos edificios de invadir parcialmente sus patios interiores.

El asesor jurídico de EuskalDendak, Iñigo Maguregui, ha explicado que "la ocupación de los patios interiores afectarán a las viviendas particulares colindantes en cuanto a su luminosidad y ventilación".

La confederación ha solicitado que se tomen las medidas cautelares necesarias para impedir estas reformas hasta que se resuelva la sentencia del caso, prevista para el segundo semestre del año.

Os adjuntamos una noticia publicada en el Correo, y que es muy clarificadora sobre la viabilidad y oportunidad del proyecto de Foro Bilbao.

Foro Bilbao surge como una escisión de BilbaoCentro porque creíamos que se estaba actuando bajo criterios no respaldados por los asociados, y una vez más, el tiempo quita y da razones.Os adjuntamos una noticia que incluye el apoyo explícito de la Asociación y del Gerente de Bilbao Centro, a la implantación de Primark en el edificio del BBVA. Los argumentos para mostrar este apoyo son los que han acompañado la implantación de todas las firmas internacionales en Bilbao y que han relegado al comercio local a desempeñar un papel secundario. 

Que una asociación de comerciantes respalde este tipo de proyectos demuestra que no ha aprendido nada de la experiencia de los últimos 20 años. La implantación de Primark sería la peor noticia para el comercio textil y de complementos desde que Zara empezó a invadir nuestras calles.

Primark es una empresa de low cost que ha sido denunciada por emplear mano de obra infantil, métodos de producción cercanos a la esclavitud, ha sido prohibida por estos motivos su implantación en países con democracias más maduras,y sus políticas laborales son tipo FNAC, contratos basura de dos o tres horas, con sueldos de 250-300 euros brutos. Si queréis ampliar información, poner “Problemas Primark” en Google, y sentaros porque el listado es largo y sangrante.

Foro Bilbao, aprobó en asamblea y fue ratificado unánimemente mediante encuesta de respaldo a sus asociados, el encargo de un estudio jurídico sobre la arbitraria política urbanística del Ayuntamiento. El objetivo es evitar facilitar que este tipo de empresas se implanten en nuestra sociedad. Todo no vale, el argumento de que vienen a animar la vida comercial, y a dinamizar el urbanismo ya no es válido. Los resultados son de sobra conocidos.

Estas operaciones sólo contentan a los propietarios de los edificios donde quieren instalarse, por el contrario los efectos sobre la ciudad y su economía local son realmente perniciosos.

En breve os pasaremos los resultados del informe jurídico y someteremos a votación mediante encuesta la posibilidad de ejecutar acciones legales.

 

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